Boca le avisó al C.S. que no usará el derecho de admisión con los socios calificados por el Estado como barras

No hacen lío y están al día.

En relación al consejo de ejercer el derecho de admisión respecto de las personas que se detallan en nómina adjunta, teniendo en cuenta que los socios individualizados no poseen antecedentes de violencia en espectáculos desarrollados en nuestra institución ni se encuentran bajo sumario administrativo y tienen la cuota social al día, no se ejercerá arbitrariamente ese derecho dado que ello podría generar en contra nuestro innumerables acciones judiciales con los consecuentes perjuicios que ello podría acarrearnos”.

Así, con un cross directo por fax al Comité de Seguridad, Boca dio por tierra con la política oficial de ralear de la Bombonera a todos aquellos socios que el Estado, con el apoyo de la Policía, considera integrantes de La Doce. Una lista que suma 168 nombres (los más famosos, los de Maximiliano Mazzaro y Santiago Lancry), quienes ya no tendrán impedimento para ir a la segunda bandeja que da a Casa Amarilla. La decisión fue leída en la Unidad de Coordinación de Seguridad y Prevención de la Violencia en el Fútbol que dirige Juan Carlos Blanco, como un triunfo de Mauro Martín. Porque según ellos, en esa lista armada por las divisiones Conductas Delictivas y Eventos Deportivos de la Federal, había varios de sus seguidores que ahora recuperarán su lugar. Y también fue leída como que el club banca a la que se conoce como la facción oficial de la barra, ya que el grupo de Rafael Di Zeo, al no tener socios, aunque no se le aplique el derecho de admisión no puede ingresar a la Bombonera ya que Boca tiene prohibido vender entradas.

La decisión le quitó protagonismo a los amparos judiciales que 63 hinchas habían presentado en los Tribunales para poder ingresar al estadio. De hecho, algunos habían logrado medidas favorables pero la gran mayoría fueron declarados abstractos, esto es sin motivo de ser tratados, tras la decisión del club. Así, al Estado sólo le queda un paso: afilar la puntería, ver si alguien comete una contravención y denunciarlo a la Justicia, para que sea ésta la que le imponga la prohibición de concurrencia.